Por: Umberto Jara
José María Balcázar lleva dos días en el poder y acaba de mostrar que la intriga que lo llevó al cargo tuvo actores visibles y uno sin presencia física pero muy activo: Vladimir Cerrón. Es el guionista desde la clandestinidad y el títere Balcázar está rumbo a cometer uno de los errores más graves que puede cometer un presidente: convocar a un prófugo de la justicia como interlocutor del gobierno.
El argumento de Balcázar es una majadería. Sostiene que «Cerrón es el líder de un partido en términos formales» y por eso lo puede convocar a dialogar. Aquí no cuentan las formalidades sino el respeto a la ley. Vladimir Cerrón es un prófugo que lleva dos años y cuatro meses escondiéndose para evadir una orden judicial de captura vigente. Ese mismo Estado que, vía el Poder Judicial ordenó que debe ir preso, ahora lo invita a conversar sobre el rumbo del país.
La Constitución que Balcázar juró respetar hace 48 horas, no admite discusiones. El artículo 167° establece que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No es un título decorativo. Significa que Balcázar conduce, en este momento, a la Policía, la institución que tiene el mandato de capturar a Cerrón. En términos precisos, Balcázar debe entender que él es el jefe encargado de capturar a Cerrón, no de convocarlo a dialogar.
Si bien Balcázar fue expulsado de la magistratura, no puede ignorar, como juez que fue, algo elemental. El artículo 404° del Código Penal sanciona a quien favorece la evasión de un requisitoriado por la justicia: «El que sustrae a una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años».
Asimismo, el artículo 376° tipifica el abuso de autoridad y, siendo Balcázar el jefe supremo de la Policía, estaría convirtiéndose en el «funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto propio de su cargo», lo cual genera pena privativa de libertad. Al convocar a Cerrón a un diálogo, se está rehusando a cumplir una resolución del Poder Judicial.
Finalmente, por más pésimo abogado que haya sido Balcázar, tiene que ponerse a leer ya mismo el artículo 118° de la Constitución, que le impone al presidente el deber de «cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales».
No existe ninguna ambigüedad ni zona gris interpretable. Existe una orden judicial y existe un prófugo que, además, suele salir en entrevistas burlándose de las autoridades. Balcázar, por el cargo que hoy ostenta, está obligado a ordenar la captura de Cerrón, no a sentarlo virtualmente en una mesa de conversaciones sobre el país.
Hay un aspecto muy grave. Sin necesidad de dar una orden expresa, Balcázar le está diciendo a la Policía, al ministro del Interior y al país que Vladimir Cerrón no debe ser capturado y que una orden judicial puede ser pasada por alto. Boluarte y Jerí, por lo menos, fingían. Quedaban como sinvergüenzas pero no se atrevieron a burlarse de la ley como pretende Balcázar.
La señal desde Palacio de Gobierno es muy clara: la ley no se respeta. Si el jefe supremo de la Policía convoca a Cerrón a dialogar, los efectivos que deben capturarlo entenderán lo que eso significa y la orden de captura del Poder Judicial terminaría quedando suspendida por razones políticas. Sin decreto. Sin firma. Y, además, adiós separación de poderes, porque Balcázar anuncia que una orden del Poder Judicial no se respeta.
Más grave aún: el presidente de la República quiere legitimar a Vladimir Cerrón quien, desde su cómoda clandestinidad, ya le dio la primera orden a Balcázar: que destituya al comandante general de la Policía. Si lo incluye como interlocutor tras ese pedido, le estará otorgando a Cerrón un poder de presión sobre la institución que, en teoría, debería capturarlo.
Para justificar su desatino, Balcázar ha dicho, con la soltura del que se cree vivo, que si la prensa entrevista a Cerrón de manera virtual, él también puede dialogar usando el mismo mecanismo.
Es un disparate. La prensa es un actor privado: no dirige el Estado; no tiene bajo su mando a la Policía Nacional; no ejecuta órdenes judiciales y las entrevistas no le otorgan al prófugo Cerrón ninguna legitimidad. La prensa informa, registra, documenta. Y aun así, convocar a un prófugo para que haga política desde la clandestinidad, es algo que merece un debate ético sobre los periodistas que le dan tribuna.
Pero el presidente de la República no es un periodista. Cuando convoca a alguien a una ronda oficial de diálogo sobre el destino del país, le otorga una legitimidad que ningún juez le ha concedido y que Cerrón ha cancelado con su propia conducta. No puede ni debe sentarlo a una mesa de diálogo porque estará integrándolo al sistema que el mismo prófugo está evadiendo. A este paso, falta que lo nombre Primer Ministro virtual.
El problema de fondo es que Balcázar, al igual que Pedro Castillo, está anunciando al país que no va a respetar la institucionalidad. Su mensaje es nítido: se niega a respetar el Estado de derecho, en el cual existe una sola secuencia: primero se responde ante la justicia y después se participa en política.
Cerrón lleva alrededor de 850 días invirtiendo ese orden y ahora tiene bajo su influencia a un títere dispuesto a seguir el método del caos y la ausencia de legalidad en que estamos inmersos.
¿Qué hacer? En teoría, el artículo 118° de la Constitución obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Su incumplimiento configura una infracción constitucional que puede derivar en juicio político, destitución e inhabilitación. Balcázar lleva dos días en Palacio y ya está construyendo las causales de su propia salida. Lo hace porque se siente impune por la protección del Congreso.