La Presidencia de la República del Perú emitió este 20 de febrero un comunicado público en el que precisa que en su agenda no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de personas procesadas o condenadas.
El pronunciamiento se da luego de que el expresidente Pedro Castillo solicitara formalmente al actual mandatario, José María Balcázar, la concesión de un indulto que le permita dejar el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras los hechos ocurridos en diciembre de 2022.
El pedido, firmado por Castillo y su abogado Walter Ayala, fue ingresado a Palacio de Gobierno a las 2:21 p.m. En el documento, el exmandatario sostiene ser “víctima de un proceso judicial” y de una “persecución política”, además de cuestionar la tipificación del delito por el que fue sentenciado en noviembre de 2025.
Asimismo, recordó presuntos compromisos políticos asumidos por Balcázar antes de su elección como presidente interino del Congreso y posterior encargado del Poder Ejecutivo, señalando que existía la expectativa de una eventual gracia presidencial. También pidió que su solicitud sea evaluada bajo el “principio de humanidad”.
Sin embargo, en su comunicado oficial, la Presidencia subraya que la gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país, remarcando que no existe en agenda decisión alguna relacionada con indultos.
Cabe precisar que, de acuerdo con el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución, corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas. No obstante, el reciente reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, publicado en el diario oficial El Peruano, establece que solo puede otorgarse indulto a personas con sentencia consentida o ejecutoriada, es decir, ratificada en segunda instancia.
En el caso de Castillo, la condena fue emitida en primera instancia y aún debe ser evaluada por una sala penal superior, por lo que no cumpliría actualmente con el requisito formal para acceder a la gracia presidencial.
Con este pronunciamiento, el Ejecutivo busca cerrar paso a interpretaciones sobre un eventual perdón presidencial y reafirmar su posición institucional frente a la solicitud presentada.