El reciente Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia a los distritos de Tacna, Palca y La Yarada – Los Palos, en la provincia de Tacna por 60 días ha generado más preguntas que respuestas. La justificación: combatir la migración irregular y la delincuencia en la frontera. La realidad: una medida extrema que evade el verdadero problema de fondo y responde a una crisis generada por intereses electorales externos.
La supuesta «crisis migratoria» que justifica el Estado de Emergencia tiene un origen preciso y preocupante: no surge de un desastre humanitario, sino de un cálculo electoral en Chile. José Antonio Kast, candidato presidencial que pasa a segunda vuelta, eligió específicamente la frontera con Perú para lanzar la irresponsable promesa de expulsar masivamente a migrantes venezolanos «el primer día de su gobierno».
Este anuncio, diseñado para captar votos con una narrativa de «mano dura», tiene un efecto colateral previsible: generar pánico y una ola migratoria anticipada que desborda a Tacna. Es decir, Perú se ve obligado a tomar medidas para contener una crisis fabricada en un estudio de televisión chileno. Lo más grave es que el gobierno peruano guardó un silencio diplomático complaciente, sin condenar esta instrumentalización de nuestra frontera, aceptando así que la política interna de un país vecino dicte las medidas de seguridad en nuestro territorio.
FIGUREITISMO EN CADENA: AUTORIDADES PERUANAS CONVIERTEN CRISIS EN ESPECTÁCULO
Lejos de buscar una solución real, tanto el gobierno nacional como el regional han demostrado que su principal motivación es el figuretismo político. Mientras el Ejecutivo decreta una emergencia con medidas copiadas de Lima que no se ajustan a la realidad tacneña, el gobernador Luis Torres había solicitado una medida aún más amplia e injustificada, incluyendo a la provincia de Tarata, que no enfrenta el problema migratorio. Esta puja por quién aparece más ‘duro’ ha dejado en evidencia que para nuestras autoridades la crisis es, ante todo, una oportunidad para la foto y el titular de prensa. Mientras se restringen libertades fundamentales y se militariza la ciudad, ningún nivel de gobierno ha planteado un plan concreto, sostenible y sensato para lo que ocurrirá después de los 60 días de emergencia o cómo se abordarán las causas reales del flujo migratorio.
INSTITUCIONES FANTASMA: EL ESTADO QUE RECONOCE SU PROPIA INEFICACIA
La declaratoria de emergencia constituye una confesión tácita: las instituciones regulares, que tienen las funciones para atender este problema son insuficientes o incompetentes para los desafíos actuales. Migraciones, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya poseen competencias y herramientas legales para controlar la frontera y garantizar la seguridad. Sin embargo, en lugar de fortalecerlas con más personal, equipos y logística, se opta por la solución dramática—y mediática—de la “emergencia”.
«Es como si un médico, en lugar de recetar un buen tratamiento, decidiera ingresar al paciente en cuidados intensivos por un resfriado», explica un analista en seguridad consultado por Prensa Libre. «El mensaje es claro: no confiamos en nuestras propias instituciones, así que tenemos que recordarles las obligaciones que tienen que cumplir».
UNA BOMBA PARA UN MOSQUITO: LA LÓGICA DEL DESPROPÓSITO
La desproporción entre el problema y la solución planteada es abismal. El ingreso irregular de migrantes por pasos no habilitados es un desafío logístico y de control fronterizo. Requiere vigilancia, disuasión y procedimientos administrativos ágiles. La respuesta del Gobierno, sin embargo, es de carácter militar y constitucionalmente cuestionable y excepcional.
Se activa todo el aparato del Estado de Emergencia—con la restricción de derechos fundamentales que conlleva—para un problema que, por su naturaleza, es manejable con las herramientas del Estado de Derecho. La pregunta que flota en el ambiente es simple: ¿Por qué usar un cañón si basta con un mosquitero?
RESTRICCIONES ABSURDAS: CUANDO LA CURA GOLPEA AL PACIENTE EQUIVOCADO
Las consecuencias prácticas del decreto no se limitan a la línea fronteriza. La suspensión de la inviolabilidad de domicilio significa que cualquier vivienda en Tacna, La Yarada – Los Palos o Palca, podría ser allanada sin orden judicial. La restricción a la libertad de reunión obliga a pedir permisos especiales para eventos culturales o deportivos. Los controles de identidad masivos se extienden por toda la ciudad, no solo en la frontera.
«Han convertido a toda Tacna en un sospechoso», comenta un dirigente vecinal. «Esto no es control fronterizo; es control social. La gente se sentirá observada, intimidada. El ambiente de tranquilidad que caracteriza a nuestra ciudad se esfuma».
LO MAS GRAVE ES EL GOLPE ECONÓMICO: CUANDO EL TURISTA VE SOLDADOS ARMADOS Y EQUIPOS DE GUERRA, HUYE
Según estimaciones de los gremios comerciales de Tacna, alrededor del 65% de la actividad económica en sectores como comercio, restaurantes y servicios depende directa o indirectamente del turismo chileno. Esto significa que 6 de cada 10 negocios en la ciudad sentirían inmediatamente el impacto si los visitantes chilenos decidieran evitar la ciudad debido a los controles y la militarización.
«Es un tiro en el pie», sentencia el dueño de un conocido restaurante del centro. «Los chilenos vienen a comprar, a comer, a divertirse. «Los chilenos vienen a comprar, a comer, a divertirse. Si al entrar a Tacna se encuentran con esa imagen militarizada además de retenes y revisiones, simplemente se quedarán en Arica. ¿Quién compensará nuestras pérdidas?»
SOLICITAR FORMALMENTE LA ASISTENCIA DE ACNUR
La crisis migratoria es un desafío de carácter regional e internacional, no un problema exclusivo de Perú o Chile. Por ello, se debe recurrir de inmediato al organismo especializado de las Naciones Unidas para que brinde asesoría técnica, ayude a establecer protocolos de protección diferenciada y facilite la cooperación binacional, asegurando una respuesta humanitaria y efectiva.
EL CAMINO IGNORADO: LA ASISTENCIA INTERNACIONAL DE ACNUR
Frente a la dimensión internacional del fenómeno migratorio, una medida sensata y subutilizada sería recurrir de manera formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este organismo, lejos de ser un ente ajeno, posee la experiencia para asesorar al Estado peruano en la implementación de controles fronterizos que distingan eficazmente entre migrantes económicos y personas con necesidades de protección internacional. Su participación garantizaría que la «mano dura» no derive en la violación de tratados internacionales ni en la deportación de potenciales refugiados, transformando una respuesta puramente policial en una gestión migratoria inteligente y acorde al derecho internacional.
Lejos de ser una entidad que promueve la migración, ACNUR es la institución con las herramientas prácticas para descongestionar la frontera de manera inteligente. Puede establecer albergues que eviten la mendicidad, financiar programas de integración en otras regiones del país y gestionar la reubicación de los casos más vulnerables hacia terceros países, algo que el Estado peruano no puede hacer por sí solo. No considerar su asistencia es condenar a Tacna a una crisis humanitaria que afectará a migrantes y locales por igual de manera indefinida.
Fuente: PrensaLibre