El abogado Jesús Barboza presentó un habeas corpus preventivo para evitar que las fuerzas del orden ingresen a la embajada de México para retirar a la exministra Betssy Chávez, contra quien el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva al existir peligro de fuga, en el marco de la investigación en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
La demanda solicita que se ordene un total de seis medidas. Entre las principales se pide que se disponga que «ninguna autoridad, incluyendo al presidente José Jerí, la PNP, el Ministerio Público o el Poder Judicial pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México, sin consentimiento expreso de la misión responsabilidad administrativa, civil, penal y política nacional e internacional».
Asimismo, se solicita «que se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando la seguridad del recinto diplomático y de las personas refugiadas o presentes dentro de la misión».
Los emplazados son José Jerí; el ministro de relaciones exteriores, Hugo de Zela; y la representante del Poder Judicial, Janet Tello.
Los seis pedidos del habeas corpus son:
– Se declare la amenaza cierta, real y grave de afectación a la inviolabilidad de sede diplomática, reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y con rango constitucional por el artículo 55 de la Constitución del Perú.
– Se disponga que ninguna autoridad incluyendo el Presidente de la República, la Policía Nacional, Ministerio Público o el Poder Judicial, pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México, sin consentimiento expreso de la misión responsabilidad administrativa, civil, penal y política nacional e internacional.
– Se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de ejecutar cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada, incluso bajo pretexto de mandato judicial relacionado con la Sra. Betsy Chávez o cualquier otro investigado.
– Se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando la seguridad del recinto diplomático y de las personas refugiadas o presentes dentro de la misión.
– Se disponga la comunicación inmediata de esta resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Presidencia del Consejo de Ministros para su ejecución obligatoria y supervisión.
– Se condene a los responsables al pago de los costos del proceso conforme al Art. 28° de la Ley No 31307, Código Procesal Constitucional y sus modificatorias, concordados con los Arts. 410° al 419° del Código Procesal Civil.
Fuente: La República