A solo días de dejar la Presidencia, la exmandataria activó el mecanismo legal para recibir una pensión de por vida y pidió además un vehículo oficial permanente, personal CAS y otros beneficios contemplados en acuerdos internos del Legislativo.
Apenas diez días después de haber sido vacada por incapacidad moral, la expresidenta Dina Boluarte inició el trámite para acceder a la pensión vitalicia destinada a los exjefes de Estado. Según reveló Cuarto Poder, la exmandataria remitió un oficio al presidente del Congreso solicitando que se disponga el otorgamiento de este beneficio, amparado en la Ley 26519.
En el documento enviado al Legislativo, Boluarte también pidió que se le asignen los beneficios establecidos en el Acuerdo de Mesa Directiva Nº 78-2016. Este acuerdo permite otorgar a los expresidentes un vehículo oficial de uso permanente, así como la contratación de un trabajador CAS, elegido por la propia exjefa de Estado, con una remuneración mensual de S/3,700.
Además de estos beneficios logísticos, la pensión vitalicia contempla otros elementos, como 150 galones de gasolina al mes, acceso a seguridad del Estado, y la continuidad de un seguro de salud privado, tal como establece el régimen aplicable a exmandatarios.
Otra de las controversias que rodean esta solicitud es el incremento salarial aprobado para Boluarte tres meses antes de dejar la presidencia. Durante su gestión, su remuneración pasó de S/15,600 a S/35,568 mensuales. Este aumento podría elevar el monto de su pensión final, aunque el Congreso aún deberá analizar si dicho incremento cumple los requisitos legales para ser considerado como base de cálculo.
Boluarte también mantiene un historial de reclamos al Estado. Recientemente, el Poder Judicial resolvió que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) debía pagarle S/239,000 por beneficios laborales acumulados cuando fue la jefa de la entidad, entre 2011 y 2012, monto muy por debajo de los S/428,905 que Boluarte exigía inicialmente.
A esto se suma que los costos de su defensa legal en los procesos fiscales que enfrenta siguen siendo cubiertos con recursos públicos, en aplicación de la normativa vigente para altos funcionarios investigados durante el ejercicio de sus funciones.
LAS INVESTIGACIONES
Boluarte tiene varios procesos legales en su contra. Por un lado, está el caso Rolex, en el que la Fiscalía la investiga por presunto cohecho pasivo impropio, al haber recibido relojes de lujo y joyas sin declararlos en su patrimonio. La investigación se amplió a un presunto enriquecimiento ilícito agravado, dado que el valor de las joyas podría superar los US$500,000.
También enfrenta una denuncia por el caso Qali Warma, relacionada con su etapa como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Se le acusa de colusión agravada por presuntamente haber favorecido a un amigo cercano, Víctor Hugo Torres, para que obtuviera contratos del programa alimentario escolar.
Además, hay una carpeta por posible encubrimiento y abuso de autoridad por la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Efficcop), presuntamente para proteger a su hermano Nicanor Boluarte.
La Fiscalía también investiga a Boluarte por el presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón, usando el vehículo oficial para facilitar su fuga, y por omisión de funciones o abandono del cargo debido a una cirugía estética que no informó formalmente al Congreso ni al Consejo de Ministros.
Por si fuera poco, se la vincula con tres organizaciones criminales: “La fiscal y su cúpula del poder”, “La inteligencia en la sombra” y “Los Waykis en la sombra”. Finalmente, Boluarte está bajo investigación por su responsabilidad en las muertes y lesiones durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, donde se le atribuyen delitos como homicidio y lesiones graves por el uso excesivo de la fuerza de las fuerzas del orden.
Fuente: Perú21