Han pasado 1,005 días desde el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, pero el Congreso aún no lo sanciona políticamente por infringir la Constitución. Aunque la fiscalía lo investiga penalmente y la Corte Suprema determinará si hubo delito de rebelión, existe consenso jurídico en que su intento de disolver el Parlamento e intervenir el sistema de justicia fue inconstitucional.
La sanción por esa falta corresponde al Legislativo mediante un juicio político e inhabilitación de hasta 10 años. Sin embargo, hasta hoy las denuncias constitucionales contra Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio siguen entrampadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
De mantenerse la inacción, los implicados podrían postular en las elecciones generales de 2026 o incluso volver a cargos públicos, pese a estar procesados penalmente. Constitucionalistas advierten que la demora obedece a cálculos políticos en el Congreso y califican la situación como una grave negligencia.