Tras dos días de audiencia, el juez Víctor Alcocer rechazó el pedido de seis meses de prisión preventiva por el fiscal Germán Juárez Atoche contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de presuntamente haber recibido sobornos cuando fue gobernador de Moquegua por parte de empresas relacionadas con el Club de la Construcción para que resulten beneficiadas con los proyectos Irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de dicha región.
La decisión de Alcocer no libró del todo a Vizcarra, quien tendrá que enfrentar una comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país. Esto quiere decir que, durante el tiempo que dure el proceso judicial en su contra por este caso, Vizcarra tendrá que acercarse periódicamente ante las autoridades y tendrá ciertas limitaciones de su libertad. Además, el exmandatario no podrá dejar suelo patrio mientras continúen las investigaciones.
Durante la audiencia, el fiscal señaló que la empresa Urbaniza 3D SAC, que presentó la defensa de Vizcarra como arraigo laboral, tiene como gerenta general a Mónica Díaz Cabello, esposa del expresidente. Asimismo, como representante legal consigna a una extrabajadora del estudio de su abogado.
Esta información no fue negado por la defensa del exmandatario, quien además agregó -al ser cuestionado por el juez- que la esposa y dos hijas de Vizcarra son «accionistas» de la empresa. Desde la Fiscalía, además, sostuvieron que existe peligro de fuga por imágenes en las que se ve al expresidente desplazarse por un terminal terrestre sin resguardo de seguridad del Estado.
Por su parte, el expresidente uso sus alegatos para cuestionar a la Fiscalía, considerando que se ha dilatado el proceso. «La ineficiencia de una institución se va a corregir con la prisión de un ciudadano, eso sería algo insólito», sostuvo. Asimismo, ante lo evidenciado por el fiscal Juárez Atoche, Vizcarra señaló que todas las empresas «son familiares» e indicó que le están haciendo «reglaje».
Fuente: La República