La Contraloría General de la República – CGR detectó 55 situaciones adversas en el servicio de seguridad ciudadana a cargo de las cuatro municipalidades provinciales y siete distritales de Tacna, de acuerdo a los resultados del operativo de control preventivo Seguridad Ciudadana 2025 realizado entre el 8 y 13 de mayo último.
Se evidenció que en las municipalidades provinciales de Tarata, Tacna y los municipios distritales de Gregorio Albarracín y Alto de la Alianza, el sistema de videovigilancia de la entidad almacena menos días de grabación del plazo mínimo de 45 días calendario establecido por ley.
En tanto, en las municipalidades provinciales de Tarata, Candarave, Tacna y las distritales de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Calana, Ite, y Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, las cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas, lo cual genera el riesgo de afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana.
Se evidenció que el sistema de cámaras de videovigilancia implementado en las instituciones, no se encuentran interconectadas a otros sistemas como se encuentra precisado en la normativa aplicable, poniendo en riesgo su integración al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la toma de acciones coordinadas con otros actores en las municipalidades de Calana, Ite, Candarave y Coronel Gregorio Albarracín.
La comisión de control encontró que, en las municipalidades de las provincias Tarata, Tacna, y las distritales de Calana y Pocollay, las entidades para el servicio de serenazgo municipal no cuenta con plan específico para el año 2025, situación que podría afectar las acciones, actividades, lineamientos y estrategias para la realización coordinada y conjunta entre municipalidad provinciales y distritales
Finalmente, otras ocho entidades no cuentan con el equipamiento de protección del personal de serenazgo municipal (casco, rodillera, codera, guantes de cuero, otros), lo cual pone en riesgo la seguridad e integridad personal de los trabajadores.
La finalidad del operativo realizado por la Contraloría General es contribuir a la implementación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a través de recomendaciones que permitan optimizar la gestión de seguridad ciudadana que vienen desarrollando.