Por: Óscar Valdés Dancuart.
No hay duda que la inseguridad ciudadana, desbordada por la ola criminal, se ha convertido en el principal problema que enfrentamos, día a día, los peruanos. A pesar de los grandes esfuerzos de diferentes organizaciones antiguas y nuevas que elevan propuestas sensatas y lógicas, al final, estas sólo representan buenas intenciones, porque siguen cargadas de teoría o fórmulas académicas sin tener en cuenta la naturaleza compleja de nuestro Estado y el problema en sí.
La inseguridad que vivimos involucra además de los crímenes, sicariatos, extorsiones, minería ilegal, narcotráfico y trata de personas; también una imparable inmigración desde países vecinos afectados por la desastrosa política social y económica de sus gobernantes de turno.
Ante esta insostenible crisis, el Estado peruano tiene que contraatacar… repito, contraatacar con todas las armas que le faculta la Constitución y respetando los derechos humanos de las personas, pero sin medias tintas y aplicando todo el rigor de la ley.
En ese sentido, para combatir la minería ilegal necesitamos un liderazgo firme de parte de las autoridades nacionales, regionales y locales; es decir, presidente de la República, gobernadores y alcaldes, quienes a través del ministerio de Energía y Minas (MINEM), las direcciones regionales de Minería y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), deben cortarles el cordón umbilical, a esta ilícita actividad, hacia los explosivos y carburantes (fuentes de energía para sus nefastos fines) e iniciar, mantener y constituir una formalización simple; pero efectiva. Asimismo, la SUNAT debe controlar el paso a paso de la comercialización de los minerales.
En cuanto al narcotráfico, la tarea es más titánica, ya que han avanzado demasiado y han penetrado en todos los estamentos del Estado y la sociedad. Podemos decir, sin temor a equivocarnos que, si no hacemos lo correcto, en el corto plazo, podemos convertirnos en un ‘narcoestado’, como otros países de Latinoamérica. Lo correcto pasa por disminuir sustantivamente las plantaciones de hoja de coca, en todas las regiones del país, con intervenciones del grupo CORAH y DEVIDA. Paralelamente, se deben sustituir por cultivos de cacao, café u otros productos. ¡Pero no se debe dejar abandonados a estos agricultores! El Estado debe organizar cadenas productivas e impulsar la comercialización, y exportación de estos productos.
Aquí también se debe cortar nuevamente toda conexión hacia los insumos químicos y combustibles que hacen posible la transformación de las hojas de coca en cocaína. No existe otro modo, el Estado, a través de sus instituciones tutelares, debe enfrentar frontalmente y con toda su capacidad a los carteles colombianos y mexicanos -así como bandas de Europa del este, y de Asia- que operan en el país.
En el tema de la inseguridad, por los continuos actos de extorsión, sicariato, asesinatos y trata de personas, debemos crear una GUARDIA NACIONAL, independiente de la PNP, que conjuntamente con el sistema de Inteligencia se dedique exclusivamente a la lucha contra el crimen organizado y contra los malos elementos de la Policía, en todos sus niveles. Algo así como una División de Asuntos Internos, muy eficaz en otros países, cuya finalidad sea luchar contra el crimen organizado y, a la par, detectar y capturar a los malos policías. Esta Guardia Nacional, conformada con gente nueva y totalmente ajena al sistema actual, deberá constituirse de manera inmediata y progresiva, ya que tomará un tiempo su conformación. Sin embargo, debemos iniciarla de inmediato, así como, simultáneamente, la reorganización policial, desde sus cimientos. Este cuerpo de elite deberá contar con el estrecho apoyo de fiscales y jueces, nombrados exprofesamente, para denunciar y sentenciar a los delincuentes que se capturen. Sus fallos serán sumarios y no dependerán del sistema Judicial formal.
Es necesario subrayar que todas estas iniciativas no servirán de nada y caerán en saco roto, si no tenemos un Congreso presto a dar las leyes necesarias, un INPE que ejecute la construcción de más penales y también una Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reorganice el Poder Judicial y el Ministerio Público sacando y nombrando jueces y fiscales para dejar de lado a los ‘eternos’ provisionales y numerarios existentes.
Finalmente, es ‘vital’ que el ministerio de Educación cambie la currícula escolar y universitaria para que se enseñe nuevamente en las instituciones educativas y superiores: cursos de civismo, seguridad ciudadana, valores y principios para que cada día que pase tengamos mejores ciudadanos, mejores autoridades, y menos cárceles y policías, y por consiguiente un mejor Perú.