El congresista Alfredo Pariona, integrante de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de ley que propone que un conjunto de delitos graves sean causales de la aplicación de la pena de muerte en el Perú, entre los que se encuentra la violación de menores, la corrupción, el narcotráfico e incluso la extorsión.
La propuesta legislativa modifica el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, la cual establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
En ese sentido, el proyecto de ley agrega un segundo párrafo al mencionado artículo de la Carta Magna, el cual tiene el siguiente texto:
«La necesidad probada de incorporar nuevos delitos con pena de muerte, especialmente aquellos vinculados con ilícitos graves como el narcotráfico, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión y la integridad de los niños y adolescentes, habilita al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia respecto del tratado que corresponda», se lee en la iniciativa legislativa.
En la exposición de motivos, la norma menciona que en la actualidad 87 países en todo el mundo mantienen la pena de muerte en vigencia.
Asimismo, indica que pese a que cada vez la aplican menos Estados, las ejecuciones aumentaron un 31% en 2023, y que en Estados Unidos, dicha sanción penal continúa vigente y las ejecuciones pasaron del 18 a 24 en el 2023 respecto al año anterior.
«Es decir la penal capital como sanción frente a la ocurrencia de delitos graves no se encuentra abolida de modo definitivo en el mundo», precisa.
Además, señala que no incluir a la pena de muerte en la legislación nacional es un requisito para que los países integren organizaciones internacionales que promueven la paz, el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos o el progreso económico en condiciones de equidad.
Fuente: Andina