En Perú, el Congreso de la República aprobó la Ley N.º 32199, que establece cambios en el ámbito laboral del sector público. Una de las disposiciones más relevantes es la fijación de una edad límite para ejercer funciones en instituciones estatales, lo que implica un ajuste importante para los empleados bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276.
Además, la nueva normativa establece ajustes en temas relacionados con las licencias sin goce de haber y las compensaciones por tiempo de servicios (CTS), medidas que buscan actualizar el sistema laboral estatal y responder a las necesidades de los trabajadores y las instituciones públicas.
¿Cuál es la edad máxima que se estableció para trabajar en el Estado peruano?
Según la Ley N.º 32199, los trabajadores del sector público deberán cesar sus funciones al cumplir los 70 años. Dicha medida aplica a todos los empleados regidos por el Decreto Legislativo N.º 276, y establece que el retiro se efectuará al final del año calendario en que se alcance dicha edad.
La disposición busca uniformar los criterios sobre el cese laboral por edad y evitar discrepancias en su aplicación. Según la norma, el cambio entrará en vigencia a partir de enero de 2025, permitiendo que los servidores públicos que cumplan 70 años ese año sigan laborando hasta el 31 de diciembre.
Cambios en licencias sin goce de haber y CTS en el sector público por Ley N.º 32199
Además de la nueva edad máxima para trabajar, la Ley introduce ajustes en otros aspectos clave. Por ejemplo, se amplía el período permitido para licencias sin goce de haber, que ahora podrá extenderse hasta tres años dentro de un lapso de cinco años. Estas licencias podrán tomarse de forma continua o discontinua, dependiendo de las necesidades personales del trabajador.
En cuanto a la compensación por tiempo de servicios (CTS), se establece un cálculo uniforme que equivale al 100% de la remuneración mensual por cada año completo de trabajo o fracción mayor a seis meses. Este ajuste busca estandarizar los beneficios laborales y facilitar su aplicación en todo el sector público.
Fuente: La República