En un contexto electoral marcado por promesas de alto impacto y escaso detalle, evaluar la viabilidad de las propuestas se vuelve clave para el debate público. Así lo señaló el director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, quien advirtió que las iniciativas deben analizarse considerando restricciones concretas como el presupuesto disponible, la capacidad de ejecución del Estado y las prioridades sociales. “El fact-checking permite pasar del discurso a los hechos”, afirmó. En esa línea, en un reciente informe elaborado junto a Diario Correo examina propuestas que, aunque atractivas, presentan serias limitaciones al ser evaluadas con rigor técnico.
Uno de los casos analizados plantea la entrega de un bono de S/1,000 a cada recién nacido como mecanismo de ahorro previsional. Según el informe, esta medida implicaría un costo aproximado de S/361 millones anuales y beneficiaría de manera generalizada, sin criterios de focalización. “El problema no es sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos”, advirtió Castilla, al señalar que dichos fondos podrían destinarse a intervenciones más eficientes. Asimismo, se evaluó una propuesta que busca elevar el gasto en educación y salud hasta el 19 % del PBI, lo que supondría concentrar cerca del 90 % del presupuesto público en estos sectores, dejando sin recursos otras funciones esenciales del Estado.
Para Videnza Instituto, este tipo de planteamientos refleja una desconexión entre el discurso político y las restricciones fiscales reales. La institución subraya que no basta con plantear metas ambiciosas, sino que es indispensable explicar su financiamiento y los costos asociados. “El objetivo del fact-checking no es descalificar, sino aportar evidencia al debate público”, remarcó Castilla, y enfatizó que una ciudadanía informada es clave para distinguir entre propuestas viables y aquellas difíciles de sostener en la práctica.