Comienza a encenderse la campaña política y, con ella, una verdadera lluvia de millones empieza a recorrer las calles, pantallas y redes del país. A pocos meses de las elecciones generales de abril de 2026, los partidos y candidatos ya activan su maquinaria publicitaria con paneles, vallas, spots y ejércitos digitales listos para disputar cada voto en una guerra que se intensificará hasta definir quién ocupará Palacio de Gobierno.
Una mirada a los números oficiales evidencia que lo reportado ante la autoridad electoral muchas veces es solo una parte de lo que termina circulando en publicidad real. En el caso de las elecciones generales de 2016, los partidos políticos que participaron en la primera vuelta reportaron a la ONPE gastos por un total de S/52’500,581 (más de US$14 millones) en actividades de campaña electoral —incluida propaganda en medios y vía pública—, entre noviembre de 2015 y abril de 2016.
En los comicios de 2021, los informes financieros presentados ante la ONPE por las organizaciones políticas entre el 13 de marzo y el 10 de agosto, periodo que abarca tanto la primera como la segunda vuelta, revelan que 17 partidos reportaron en conjunto gastos por S/7’886,094.
Sin embargo, en la primera rendición de cuentas de ese mismo proceso, Fuerza Popular solo declaró S/87,068 en gastos de campaña y Perú Libre apenas S/11,719, cifras que evidencian la enorme brecha entre lo que se consigna oficialmente y el volumen real de recursos que termina moviéndose en una elección presidencial.
El exministro y especialista en temas electorales José Tello dijo a Perú21 que, en efecto, “en la campaña política existe mucho dinero que puede ser gastado sin ser declarado”.
“En la práctica, lo que uno ve en la calle a nivel de publicidad no es lo mismo que sale en los reportes. Hay candidatos que llenan calles, avenidas y hasta carreteras con su rostro y símbolo”, sostuvo.
GRAN INVERSIÓN
Tello aseguró que una campaña “pequeña” de un candidato a diputado o senador que forma un equipo de campaña “mínimo” con un abogado, especialistas en comunicaciones, y usando un par de camionetas de apoyo para trasladarse, llega a emplear, gracias a aportes en efectivo, es decir, no bancarizados, entre 100,000 y 200,000 soles.
Sin embargo, añadió que una persona experta en estrategias comunicacionales “de cierto nivel” percibe entre 30,000 y 50,000 dólares mensuales “siendo muy austero”, ya que, para un candidato presidencial, contratar a una persona “de peso” puede requerir una inversión de 200,000 o 300,000 dólares, sin contar el desplazamiento al interior del país, la logística, el equipo, y teniendo en cuenta desplazamientos solo por tierra.
“Una campaña nacional básica, con solo lo necesario, requiere 1 millón de dólares, es decir, entre 3 y 5 millones de soles”, expresó.
De otro lado, Tello dijo que en la actualidad las personas jurídicas privadas nacionales tienen muchas dificultades para aportar a una campaña presidencial, ya que los bancos les ponen muchas trabas para evitar recibir aportes de procedencia ilícita, como los de lavado de activos.
Por ello, manifestó, muchos aportes suelen ser en efectivo. “Yo no soy narcotraficante, no soy traficante de terrenos, no soy minero ilegal; soy persona que, de buena voluntad, que quiero dar un apoyo, pero por las complicaciones administrativas prefiero hacerlo en un sobrecito y, de paso, evito aparecer en la lista de aportantes”, continuó.
DATA «EN NEGRO»
¿Y en el terreno digital? El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte dijo a Perú21 que es difícil establecer el monto real que se destina en una campaña política porque existen dos montos: el formal, para el que hay herramientas de seguimiento como con las plataformas digitales; y el informal, que tiene una inversión indirecta, como la publicidad que cualquier persona podría postear en su red social, pero con dinero de la organización, o la contratación de influencers, cuyo pago puede ser en dinero, pero también en especies o en compensación política, lo que evita
su trazabilidad.
Además de ello, Iriarte indica que la contracampaña también genera gastos. “Es difícil saber cuánto gastas en campaña, pero es igual de difícil saber cuánto gastas por tener una granja de bots o cuánto se paga por tener seguidores que reboten un mensaje contrario a otro candidato. Esa es la publicidad ofensiva”, señaló.
Hay dos elementos más por tomar en cuenta. El especialista dijo que “antes tenías que hacer un spot si querías colocar publicidad televisiva, pero ahora lo puedes hacer con IA. No es la calidad premium de video de campaña, pero es útil tanto en la campaña como en la contracampaña”.
Por otro lado, mientras en 2021 Facebook, Youtube y entonces Twitter fueron importantes, hoy lo será TikTok, y la diferencia es que esta última plataforma está bajo la legislación china, no bajo la norteamericana, por lo cual hay “otros mecanismos de control y mayor opacidad en el seguimiento de números”.
Iriarte dijo que en las campañas políticas anteriores el uso del entorno digital sirvió para divulgación, pero que esta será la primera en la que se podrá medir de alguna manera su impacto real y su incidencia en el voto de manera no solo teórica, sino también práctica.
En una campaña en la que participarán más de 10,000 candidatos, Iriarte dijo que cada uno gastará por lo menos 1,000 dólares en videos, pauta publicitaria y en un community manager con un salario mínimo de S/1,130 por tres meses, por lo que, en total, un solo postulante invertiría entre 1,000 y 2,000 dólares “en una campaña al mínimo para lo digital, pero si quieres colocarle influencers y pauta en plataformas digitales, el monto comienza a subir casi sin límite”.
“Entonces, estamos hablando de que, entre todos los candidatos, gastarán como mínimo 10 millones de dólares. Todo ello presumiendo la buena fe de los candidatos de declarar sus gastos, que no usarán granja de bots, sin contracampaña de influencers, sin terceros o amigos que tengan una audiencia y sin contar el dinero propio del partido que también hace una inversión. En suma, tienes mucha data en negro que no será revelada porque no es controlable ni verificable”, expresó.