Este jueves 4 de diciembre, en la lectura de sentencia, el Poder Judicial descartó que Pedro Castillo haya cometido un golpe de Estado al anunciar el cierre del Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022 y ratificó que su responsabilidad penal se limita solo al delito de conspiración para la rebelión.
En su resolución, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la condena impuesta al exmandatario por 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para que no pueda ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo, el PJ dejó sin efecto las acusaciones más severas que se le atribuían como golpe de estado y abuso de autoridad por los que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 34 años de prisión.
El tribunal concluyó que, aunque existió un anuncio de disolución del Parlamento y de intervención del sistema de justicia, no se configuró una rebelión, entendida como un alzamiento armado o un desconocimiento efectivo del orden constitucional, ya que las fuerzas del orden no acataron las órdenes y no hubo una interrupción del régimen institucional.
El tribunal liderado por la jueza Norma Carbajal concluyó que, aunque hubo un anuncio de disolución del Congreso de la República, no se configuró el delito de rebelión entendida como un alzamiento armado o desconocimiento del orden constitucional, ya que las fuerzas del orden no obedecieron al mandato de Castillo por lo que no hubo interrupción del orden institucional.
Fuente: La República