Por: Óscar Valdés Dancuart
Una ola criminal sin control; 6 muertos cada 24 horas y más de 590 asesinatos en los 100 primeros días del año, según cifras del Sinadef; miles de detenidos fantasmas; una retahíla de paros de transportistas extorsionados; estados de emergencia sin Inteligencia ni estrategias ni resultados positivos; ‘encerronas’ improductivas en el Cuarto de Guerra; y más de 34 millones de ciudadanos temerosos de perder la vida al salir de sus hogares…
Sin lugar a duda, la inseguridad que vivimos ha tocado fondo y se está haciendo permanente. Hoy, más que nunca, todos dudamos que tenga una solución en el corto plazo, ya que nuestras autoridades y sus fórmulas empleadas, hasta el momento, han sido fallidas y han creado un clima de desesperanza en todos los peruanos.
El crimen organizado, llámese narcotráfico, minería ilegal, trata de personas o delincuencia común, con actos de sicariato, extorsión, asesinatos, estafas y préstamos gota a gota; se han posicionado y actúan impunemente sin que los representantes del Estado, que persiguen el delito, puedan tener éxito en su trabajo.
La unificación de la Guardia Civil, Guardia Republicana, Policía de Investigaciones del Perú (PIP), durante el primer Gobierno de Alan García, en una sola fuerza policial que dio origen a la Policía Nacional del Perú (PNP) resultó un fracaso y es parte principal del retroceso de estas importantes instituciones en la persecución del delito. Como recordamos, la Guardia Civil tenía como función el mantenimiento de la seguridad pública y la prevención de los delitos y faltas; la Guardia Republicana se encargaba de la seguridad de los penales y las fronteras; y la PIP, una policía secreta, cuya misión era investigar los delitos con expertos en criminalística y apoyo a los órganos de justicia. Al fusionarse estas instituciones y asignarles los llamados Códigos 1, 2 y 3 se destruyó toda una maquinaria que daba resultados concretos en cada uno de sus campos de acción.
El sistema de justicia con el Poder Judicial resultaba predecible, mientras su organización estaba nombrada adecuadamente y todos los jueces eran asignados y actuaban en las cortes con toda su legitimidad y sapiencia, además para las denuncias de los delitos se creó al Ministerio Público como una entidad que debía perseguir el delito y realizar las indagaciones conjuntamente con la PNP garantizando una correcta y justa investigación en sus denuncias. Posteriormente, los jueces debían sentenciar o absolver.
Sucede que a la fecha, la PNP y el sistema de justicia no garantizan ni son una herramienta eficaz en la persecución del delito, debido a la corrupción que se ha apoderado de muchos de sus integrantes. Hasta hoy, se han intentado una serie de reorganizaciones, tanto de afuera hacia dentro como de adentro hacia afuera, y los resultados han sido negativos. Por no decir, peores.
El Estado para reformar el sistema de justicia tenía al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sin embargo, graves denuncias por corrupción marcaron su desactivación. Hoy, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene el respaldo constitucional para hacerlo y realizar la importante tarea de llevar adelante una reforma institucional, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Para ello, debe cumplir su rol de nombrar nuevos jueces y fiscales en todas sus jurisdicciones y empezar con la remoción de los ‘malos’ fiscales supremos y alcanzar el objetivo que todos los jueces supremos sean titulares y dejar de nombrar jueces provisionales, de manera indefinida y a merced de la voluntad de los ‘eternos vocales titulares’.
En cuanto a la reorganización policial, debemos constituir una fuerza paralela que bien podría ser una Guardia Nacional, no militarizada, una especie de agencia federal de Inteligencia, como el FBI norteamericano, que se dedique exclusivamente al trabajo de Inteligencia, Contrainteligencia, prevenir y eliminar toda amenaza que atente contra la Seguridad Nacional. Esta nueva división debe luchar contra el crimen organizado y perseguir a los funcionarios corruptos, ya sean estos autoridades, policías u operadores del sistema de justicia, utilizando equipos de alta tecnología, con entrenamiento especializado y al amparo de la ley. Existen soluciones para eliminar la inseguridad ciudadana. Sólo falta liderazgo, ganas de servir y proteger al país, y a la población. ¡Pónganse a trabajar!
Fuente: La Razón