Los enfrentamientos entre representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público son pan de cada día. Los dimes y diretes son una constante preocupación de todos los peruanos que vemos como aumenta la inseguridad ciudadana, mientras que las instituciones que deben combatir la delincuencia están desunidas y enfrentadas.
Las grandes interrogantes son: ¿quién le pone el cascabel al gato?, ¿quién debe poner orden en el país? Nuestra constitución es muy clara respecto a los poderes del Estado y su independiente actuar en la vida democrática del Perú; sin embargo, también debemos señalar que nuestra Carta Magna es de índole presidencialista y tácitamente defiende la majestad de nuestro Primer Mandatario, señalando claramente que sólo puede ser investigado, mas no denunciado y mucho menos sentenciado.
El Ministerio Público fue creado, en la Constitución de 1993, para dirigir y conducir las investigaciones, a raíz del deficiente y a veces parcializado actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP) en estas tareas, y tener un organismo imparcial y especializado que nos ayude a denunciar y sentenciar adecuadamente a los infractores de la ley. Debemos mencionar que a través de los últimos años, el Ministerio Público ha decaído muchísimo en su actuar y se ha visto infiltrado por gente de ideología izquierdista que ha politizado la justicia a tal extremo que el Congreso de la República ha querido inconstitucionalmente quitarle ese rol para devolvérselo a la PNP nuevamente, con una ley de mucho menor rango que no puede sobreponer a la Constitución.
Por otro lado, la Fiscal de la Nación, basándose en la inconstitucionalidad de esta norma, ha desacatado su cumplimiento sin esperar, como debía, un fallo del Tribunal Constitucional al respecto y ha contribuido al desorden jurídico que hoy atravesamos.
La presidenta de la Republica al inmiscuirse y bajar al llano, al ponerse al nivel de las peleas entre el Mininter y la Fiscalía, deja de ser la autoridad que pueda poner orden y contribuir a la independencia o separación de poderes que debe tener nuestro Estado democrático.
En vista de lo señalado líneas arriba, la única entidad que podría salvar este desmadre sería un Congreso como tercer poder del Estado, pero lamentablemente se encuentra muy desprestigiado y también ha legislado normas a imagen y beneficio de sus integrantes, ya sea para protegerlos de sus denuncias o como aliado del Ejecutivo para su supervivencia en el poder hasta el 2026.
Finalmente, la única esperanza que nos queda es que este Congreso tome distancia del Ejecutivo, una vez que se convoque a Elecciones o que luego del 28 de julio, fecha en la que la presidenta ya no pueda disolver el Congreso, marque su distanciamiento y vaque a la señora Boluarte, nombrando un nuevo presidente para que solucione este problema de enfrentamiento de poderes y ponga orden antes del proceso electoral del próximo año.
Es menester subrayar que el nuevo mandatario sería el próximo presidente del Congreso y se deberá escoger al más idóneo de los actuales congresistas.
Fuente: La Razón