Con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el texto alternativo del proyecto de Ley 9733, que busca restituir y modificar el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, relacionado con la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia.
En consecuencia, los jueces podrán imponer la detención preliminar cuando no haya flagrancia, pero deberán sustentar con elementos razonables con los que se pueda considerar que la persona acusada cometió el acto delictivo que tenga una pena de prisión mayor a cuatro años.
«El juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, emite una resolución debidamente motivada, teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, y dicta mandato de detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, se presenten indicios razonables de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad», se lee en la propuesta.
La norma fue sustentada por Isaac Mita Alanoca (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En ese sentido, Ruth Luque destacó que la propuesta refleja el acuerdo de todas las bancadas para combatir la criminalidad en el país.
En declaración exclusiva para La República, Víctor Cubas, vocero de la fiscal de la Nación, opina que «es muy importante que el Congreso de la República haya enmendado rápidamente un grave error que imposibilitaba la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana».
En esa misma línea, el politólogo, Estuard La Cerna, menciona que es importante que prevalezca la detención preliminar en pro del sistema de justicia y lucha contra el crimen para no favorecer a la impunidad.
«La detención preliminar es una herramienta crucial en la lucha contra la criminalidad, permite la reclusión de los acusados mientras se lleva a cabo la investigación, la propuesta de haberla eliminado es un debilitamiento al sistema de justicia y generar impunidad, lo cual representa un paso atrás poniendo en riesgo el sistema judicial», sostuvo La Cerna.
Fuente: La República