El titular del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se pronunció la madrugada de este sábado sobre el allanamiento que realiza el Ministerio Público en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el denominado ‘Caso Rolex’, medida que calificó de “totalmente desproporcionada”.
El representante del Ejecutivo señaló que la diligencia realizada en la vivienda de la mandataria en el distrito de Surquillo es un intolerable atropello a su dignidad. En esa línea, dijo que ella ya había solicitado la postergación de las diligencias a fiscalía, pero este requerimiento fue rechazado.
“Indignado con lo ocurrido, lo que ha sucedido esta noche constituye un intolerable atropello a la dignidad de la presidenta de la República y a la Nación que ella representa. No es posible que tengamos que ser testigo de acciones totalmente desproporcionadas y cuando no hasta inconstitucionales”, dijo.
“Se había solicitado la postergación de una nueva fecha para que se dirija la señora presidenta a ofrecer su declaración y esto no ha sido concedido. Es insólito por decir lo menos que a medianoche en un día feriado como estamos ahora mismo tengan que realizarse estas acciones”, añadió.
Sostuvo también que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en Palacio de Gobierno, a donde pasadas las 4 de la mañana llegó personal de Fiscalía y Diviac para continuar con el allanamiento por el mencionado caso. Respecto de si la mandataria debía dar explicaciones a la ciudadanía sobre la situación legal en la que se encuentra, Adrianzén dijo que el único espacio en el que debía responder era en el Ministerio Público.
“El espacio para que ella brinde esa declaración (sobre los relojes) es ante el Ministerio Público. Si la señora presidenta luego de brindar declaraciones ante el Ministerio Público, ella lo estima y lo juzga pertinente, dará esas declaraciones a la prensa”, indicó.
Asimismo, negó que esta situación represente una crisis para el Ejecutivo y dijo que “se está haciendo una tormenta donde no debería haberla”. No obstante, reiteró que es muy grave que el Ministerio Público haya decidido ejecutar esta medida en la vivienda de la presidenta, pese a que ella ha “brindado todas las facilidades”.
Fuente: RPP