Por: Ricardo Oviedo Zavala.
Los alcaldes de la provincia de Candarave, liderados por el alcalde provincial Rafael Vega, anunciaron en conferencia de prensa que harán una marcha de protesta la próxima semana en contra del gobierno y la empresa Southern Perú, a quienes acusan de no atender sus demandas, principalmente las referentes al tema hídrico. Se trata de una posición repetitiva e intransigente fuera de contexto, considerando que los alcaldes abandonaron la Mesa de Diálogo cuando se discutían acuerdos a favor de la provincia. Uno de ellos era precisamente la construcción de la represa Callazas, considerada como solución al tema hídrico de Candarave, cuyos estudios están listos igual que su financiamiento por 130 millones de soles, modalidad obras por impuestos sin tocar el Fondo Desarrollo Candarave que tiene 107 millones sin gastar.
En la conferencia de prensa se repitió más de lo mismo. Piden la anulación de las licencias de agua de Southern Perú y, sin embargo, demandan que del caudal que usa la empresa, se les otorgue 20 l/s. La minera tiene siete licencias de agua (cuatro en Tacna y tres en Moquegua) para extraer 1,950 l/s. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya ha explicado que no se puede transferir los 20 l/s que piden los alcaldes porque habría que cambiar las licencias a la minera y hacerlas de nuevo. De por medio hay un convenio para el otorgamiento de agua a la Southern que no puede ser variado a menos que la empresa incumpla con algunos requisitos de ley, situación que no se da en la actualidad. En todo caso, el ANA considera que la represa de Callazas atendería sobre manera el pedido de los alcaldes.
El alcalde Vega ha señalado que la represa de Callazas –obra que hará la Southern bajo la modalidad de obras por impuestos- no puede ejecutarse de esa manera sino con presupuestos de la Southern, sin afectar los recursos del gobierno. Alguien tendría que explicarle al alcalde que una represa es una obra pública que debe construirla el gobierno y no la empresa privada. Si un privado quiere realizar una obra pública, en este caso la represa de Callazas, lo hará a cuenta de los impuestos que le paga al Estado. Pero, si esa es una razón para no querer que se construya una represa que beneficiará a toda una provincia, entonces lo que queda por colegir es que las intransigencias del alcalde Vega y de quienes lo siguen, tienen otro trasfondo.
La movilización anunciada para la próxima semana, tiene esos ribetes: conseguir réditos políticos para tapar una gestión ineficiente municipal que está haciendo agua, apenas con 20%de aprobación. Los beneficios que tiene actualmente la provincia de Candarave, vienen de la ejecución de los acuerdos insertos en mesas de diálogo anteriores y de la transferencia de 255 millones de soles del FDC otorgados por Southern y cuyos saldos pretenden manejar los alcaldes de esa provincia.
A la movilización se sumarán algunos alcaldes de Moquegua, entre ellos el de Torata, distrito que recibe el mayor presupuesto de canon minero proveniente de la mina Cuajone. Las acusaciones que pesan sobre el alcalde ya están judicializadas y su participación también obedece a lo mismo: tener una posición política para distraer las irregularidades de su gestión.
Total, una movilización no se mide por el número de sus participantes o por la bulla que puedan hacer. Se mide por los resultados. Y si se toma en cuenta una movilización similar que hicieron los alcaldes de Candarave en gestiones anteriores, no se llegó a nada por la sencilla razón que, tal como se observa ahora, no tenían ningún argumento técnico valedero para sustentar sus demandas.
Para fortalecer posiciones políticas de cualquier nivel, el tema del agua siempre ha sido un buen caballito de batalla. Y para tapar gestiones ineficientes, también.
Mientras tanto, así están las cosas.