Escribe: Ricardo Oviedo Zavala.
Cuando finalizó hace poco la Mesa de Diálogo en Candarave con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las autoridades y dirigentes de Candarave y funcionarios de la minera Southern, se acordaron algunos compromisos con beneficios directos para la población de esa provincia andina. Uno de los acuerdos más resaltantes fue el financiamiento, vía modalidad de obras por impuestos, de la construcción de la represa de Callazas por parte de Southern Perú. Se trata de 130 millones de soles que se invertirán en el proyecto con el cual se afianzaría el recurso hídrico tanto para el agro como para la población.
Los alcaldes de Candarave, encabezados por el alcalde provincial Rafael Vega Paniagua, se negaron a firmar el acta de los acuerdos arguyendo que se mantienen en su posición respecto al pedido de revocatoria de las licencias de agua a la minera. Después han cambiado de actitud exigiendo que la Southern les proporcionara 20 l/s del caudal con el cual operan las minas de Toquepala y Cuajone. El pedido de los alcaldes tuvo la aceptación de la empresa, pero no de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) que sostuvo que Southern tenía una oferta mejor para solucionar definitivamente el tema hídrico en Candarave como es el proyecto de la represa de Callazas.
¿No resulta una posición incongruente por parte de los alcaldes candaraveños que primero piden que se revoque la licencia de agua a Southern y después acuerdan que la empresa dé a la provincia una dotación de 20 l/s? Aquí hay varios temas. El ANA no va a revocar ninguna licencia a alguna empresa en el territorio nacional mientras estas cumplan con los requisitos que les dictan las normas vigentes. El uso de las siete licencias de agua que tiene Southern -4 en Tacna y 3 en Moquegua- por 1,950 l/s, permite operar las minas que administra y que generan ingresos al erario del orden de los miles de millones anuales en impuestos, los mismos que han permitido, aun con la recesión que tenemos encima, mantener a flote la caja fiscal. Por el uso de las licencias, la minera paga alrededor de un millón de soles mensuales al ANA más 11 millones de dólares anuales que le cuesta operar los pozos de más de 400 metros de profundidad para completar el caudal que le permite la licencia de agua. Si se tuviera que devolver el agua para los agricultores de Candarave, fuera que el país se quedaría sin esos ingentes ingresos además de ser denunciado por la empresa ante las cortes internacionales que tienen que ver con la minería, ¿los agricultores de Candarave pagarían esos costos?
Con el apoyo de la minera, la provincia ha ampliado sus tierras de cultivo en 200 hectáreas, ha recuperado cerca de mil hectáreas de andenes, se han construido mini reservorios, canales, represas, entre otros. Se han firmado acuerdos mediante Mesas de Diálogo en donde Candarave ha obtenido 255 millones de soles de los cuales quedan alrededor de 100 millones. Este saldo es el que quieren administrar los alcaldes. Southern les ha dicho que no es posible porque no es política de la empresa que otras instituciones administren su dinero. La modalidad es que se presenta un proyecto y la empresa lo financia.
Por no poder administrar los saldos del Fondo de Desarrollo Candarave es que los alcaldes candaraveños anuncian marchas de protesta y sacrificio pidiendo que la minera les dé 20 l/s pero en forma paralela también piden que la Southern no toque el agua de esa provincia y por lo tanto, el ANA anule sus licencias de agua. Total, ¿en qué quedamos? Insistimos en que el alcalde Rafael Vega y sus colegas deberían seguir conversando alrededor de una mesa para lograr mejores resultados en beneficio de sus ciudadanos.
Así están las cosas.