La bancada de Perú Libre, a iniciativa de la congresista Kelly Portalatino, presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con cárcel la persecución judicial y el uso indebido del derecho como arma política.
Se trata de la iniciativa legislativa 3309/2022-CR, que propone incorporar el artículo 418-A al Código Penal aprobado con el Decreto Legislativo 635, penalizando ambos hechos. De este modo, dicho dispositivo quedaría así:
“El juez, fiscal o autoridad política o administrativa, que instrumentaliza la justicia mediante decisiones inmotivadas o sin ningún elemento de convicción o únicamente por influencia política, ideológica o de medios de comunicación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”.
En la exposición de motivos se señala que en nuestro país la instrumentalización de la justicia se ha visto a partir de “sancionar a quienes cometen delito de acusar sin pruebas con fines partidarios, contrarios a la separación e independencia de poderes, desconociendo el debido proceso y el estado de derecho”.
“Mediante este método judicial se busca desacreditar, desprestigiar la carrera política de un opositor, o trabar una política pública de una autoridad política o anular al enemigo político, ya sea para evitar que se presente en futuras elecciones o, inclusive, para excluirlo de la vida política”, señaló.
“En dicha guerra jurídica, los medios de comunicación juegan un papel trascendental en la difusión de la información, e influyen significativamente en la opinión pública respecto de quien es víctima de las acciones delictivas descritas”, añadió.
Así, refiere que la inclusión de este artículo proporcionará un “instrumento legal para prevenir o, de ser el caso, perseguir las acciones delictivas de uso indebido del sistema judicial en beneficio de intereses particulares y en perjuicio del interés general como es la tranquilidad pública y la paz social”.
“Dota de una nueva herramienta jurídica al sistema penal a fin de sancionar a quienes hacen uso indebido de la Justicia penal, afectando la imagen y la honorabilidad de las personas dedicadas a actividades políticas”, acotó.
Fuente: El Comercio