La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/440 264 debido a que funcionarios del Proyecto Especial Tacna (PET) modificaron la modalidad de ejecución de la obra de mejoramiento del servicio de agua destinado al Comité de Regantes Calacala, sin contar con la capacidad operativa ni el equipo mecánico necesario. Esta decisión generó paralizaciones y graves deficiencias constructivas.
Como se conoce, el proyecto comprendía la ejecución de la represa Turunturu, con capacidad para almacenar 1.54 millones de metros cúbicos de agua, así como la construcción de un canal de 4.50 kilómetros, ubicado en la provincia andina de Candarave.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 007-2025-2-3413-AC determinó responsabilidad civil y administrativa en nueve servidores de las gerencias de Estudios, Infraestructura, Recursos Humanos y Logística, quienes gestionaron el cambio de modalidad a “administración directa” bajo la premisa de contar con los recursos necesarios. Sin embargo, durante la ejecución de la obra, el PET confirmó que no disponía del personal calificado ni de la maquinaria requerida para un proyecto de alta complejidad.
La falta de soporte técnico y administrativo ocasionó el desabastecimiento de materiales, retrasos en la contratación de bienes y la eventual paralización de los trabajos. Ante esta situación, el PET dispuso la intervención de la obra y que el proyecto se ejecute, como se había previsto inicialmente, bajo la modalidad de “contrata” para culminar el saldo pendiente, proceso que elevó los costos proyectados e incrementó la carga administrativa.
Paralelamente, se detectaron irregularidades en campo: residentes e inspectores ejecutaron partidas de desbroce y limpieza incumpliendo el expediente técnico, autorizaron mayores metrados sin sustento y omitieron los estándares de control de calidad en los trabajos de concreto.
El perjuicio determinado por la Contraloría trasciende el aspecto económico, ya que la demora injustificada en la ejecución de la represa Turunturun y del canal vulnera el derecho de los regantes de Calacala a contar oportunamente con una infraestructura hídrica que contribuya a mejorar la producción agrícola de la zona.
Fuente: Agroperú.pe