El expresidente Pedro Castillo, actualmente procesado por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, formalizó una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia presidencial, además de la actual mandataria, Dina Boluarte.
La denuncia, elaborada por su defensa legal, acusa a los señalados de los presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal de cargo.
El argumento presentado por la defensa de Castillo se centra en la ilegalidad del proceso de destitución, alegando que no se alcanzó el número mínimo de votos requeridos según el Reglamento del Congreso de la República. La denuncia cita el artículo 89-A, inciso c), del reglamento del Congreso, el cual exige el voto de las cuatro quintas partes del número legal de congresistas para aprobar una vacancia presidencial, lo que equivale a 104 votos, sin embargo, el 7 de diciembre de 2022 solo se consiguió 101 votos a favor de la destitución.
Adicionalmente, el documento sostiene que a Pedro Castillo se le vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, pues afirma que no contó con abogado particular ni de oficio durante el trámite de vacancia.
Esta acción legal ocurre mientras Castillo cumple prisión preventiva por su intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción el mismo día de la votación de la vacancia.
La denuncia nombra a 100 congresistas de la República, a quienes considera responsables directos de las decisiones tomadas aquella tarde, junto a la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Castillo.
La Fiscalía de la Nación, en una ocasión anterior (junio de 2023), ya dispuso el archivo parcial de una denuncia similar presentada por la defensa de Castillo contra más de cien autoridades, incluidos 101 congresistas, por presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, por no hallar suficientes elementos probatorios. La actual denuncia, sin embargo, introduce el argumento específico sobre la insuficiencia de votos.
Fuente: La República