El 21 y 23 de octubre, Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros acusados serán interrogados como parte del juicio oral, según advirtió la jueza Norma Carbajal. El viernes 24 comenzarán con los alegatos finales, última parte del proceso judicial antes de la sentencia. La Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad contra el expresidente por el presunto delito de rebelión.
El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y otros acusados va llegando a su fin. La jueza y directora de debates, Norma Carbajal, informó que el próximo martes 21 y jueves 23 el expresidente y sus exministros serán interrogados como parte del proceso judicial por el presunto delito de rebelión tras el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.
En la última audiencia del jueves 16 de este mes, la magistrada advirtió que, en caso las defensas de los imputados no crean conveniente que sus patrocinados declaren, se procederá conforme al artículo 376.1 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Esta disposición indica lo siguiente: «Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le advertirá que, aunque no declare, el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante la Fiscalía».
Además, un dato importante que brindó la magistrada es que el viernes 24 de octubre se iniciarán con los alegatos finales del juicio oral, etapa final del proceso judicial antes de que se dicte una sentencia.
En esta última fase, los abogados de los investigados y los fiscales del Ministerio Público tendrán la palabras para presentar sus alegatos y argumentos de defensa finales.
Tras ello, Castillo y los demás acusados podrán expresar sus últimas palabras antes de que los jueces cierren el debate y pasen a deliberar en sesión secreta, de inmediato y sin interrupción, su decisión final. Según el artículo 392 de NCPP, «la deliberación no podrá extenderse más allá de dos días, ni podrá suspenderse por más de tres días en caso de enfermedad del juez o de alguno de los jueces del Juzgado Colegiado».
La Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad contra Castillo Terrones, así como la inhabilitación de la función pública por un periodo de 3 años y 6 meses. En tanto, también se solicitó una reparación civil mayor a los S/64 millones.
Fuente: La República